Mérida, Yucatán, a 17 de junio de 2021. Autoridades del Poder Judicial del Estado y del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) de Yucatán tuvieron ayer un primer acercamiento encaminado a realizar un convenio de colaboración a futuro, para que personal de esta última institución pueda fortalecer su especialización, tal como lo establece la Constitución y ley en la materia.
El día de ayer, el Magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, Santiago Altamirano Escalante y el Consejero Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Luis Alfredo Solís Montero, así como la Directora del CEAMA, Luz Elena González Arias, sostuvieron pláticas sobre el beneficio de un posible convenio de colaboración.
Se abordaron los fines de un posible Convenio que permitirá, en su oportunidad, profesionalizar la tarea institucional que se requiere para dar cumplimiento a lo que establece la Constitución Política en relación con la especialización del personal de todas las instituciones, tanto del Poder judicial como del Ejecutivo, que participa en estos procesos dirigidos a adolescentes.
Cabe apuntar que la reforma constitucional publicada en 2005, dio paso en todas las entidades a un Sistema Integral para Adolescentes, cobijado por los Tratados y jurisprudencia que puso como eje los Derechos Humanos de los individuos y en específicos los de las Niñas,Niños y Adolescentes (NNA).
Antes de la reforma, el único propósito contemplado en las leyes tutelaristas era la readaptación social, mediante el cumplimiento de un tratamiento en el que los adolescentes ejecutaban determinadas obligaciones impuestas por una autoridad denominada Consejo Tutelar para Menores Infractores.
Sin embargo a partir de 2005 y con otros procesos legislativos ocurridos en 2011, 2015 y 2016 se reformó el Artículo 18 Constitucional para establecer mecanismos que definieron los procesos en Justicia Penal para Adolescentes y que mandatan la especialización de todas las autoridades intervinientes para cumplir con lo concerniente al respeto a los Derechos Humanos, la protección integral y el interés superior de los NNA.
En ese contexto la Ley Nacional del Sistema Integral en Justicia Penal para Adolescentes en su artículo 63, indica que las autoridades, Instituciones y Órganos, deben estar especializadas en el Sistema, lo que incluye a los Ministerios Públicos, Órganos Jurisdiccionales, Defensa Pública, facilitadores de mecanismos alternativos, autoridades administrativas y policías de investigación entre otros.
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