Aprueban en comisión sancionar a quien cause daño por medio de un incendio

En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar el artículo 348 del Código Penal del Estado, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa.

La iniciativa de Mirthea Arjona Martín (PRI), establece que se le impondrá una sanción de seis a doce años de prisión y el equivalente de 10 a 60 días multa, a quien cause daño por medio de un incendio, inundación o de explosión, independientemente de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos que resultaren cometidos.

Antes de finalizar la sesión de la comisión, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández (PRI), reconoció el trabajo del cuerpo colegiado y el cuerpo técnico en este y los demás dictámenes que se han abordado, que no han sido asuntos menores sino de gran trascendencia y beneficio para la sociedad yucateca.

En el mismo sentido, el presidente de la comisión, Luis Borjas Romero (PRI); así como la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, resaltaron la labor de la Secretaría General del Congreso del Estado porque se han tratado temas complejos.

No desperdicio de alimentos

En la comisión de Derechos Humanos, sus integrantes aprobaron por mayoría, con el voto en contra de Morena, el proyecto de dictamen para expedir la Ley para Fomentar y Promover el no Desperdicio de Alimentos en el Estado.

Esta iniciativa de la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, tiene por objeto, contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población que se encuentra en situación de pobreza o vulnerabilidad por carencia alimentaria, determinados por la autoridad competente.

Boletín de prensa

Aprueban en comisión lineamientos para sesiones virtuales

En la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por mayoría, con el voto en contra de Morena, el Proyecto de Dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, combinando las iniciativas de las fracciones de Movimiento Ciudadano y PRI, en materia de sesiones en línea o fuera del Recinto Legislativo por contingencia, respectivamente.
Miguel Candila Noh (Morena), presentó una propuesta para que las votaciones de solicitudes de empréstitos no sean consideradas en sesiones virtuales, la cual no procedió; ante ello, la presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI) aclaró que, en la propuesta técnica, la mecánica de las votaciones queda intocable en cualquiera de sus modalidades, mayoría simple y calificada.
Además, se aprobó por unanimidad reformar y adicionar diversas fracciones al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, la cual instruye a los Ayuntamientos promover programas, actividades y mecanismos de atención a la salud mental para la prevención del suicidio, pudiendo llevar a cabo convenios de colaboración en la materia con autoridades de salud a nivel estatal, así como con universidades que tengan la carrera de psicología o instituciones afines a la materia.
También, deberán brindar la atención necesaria y el seguimiento oportuno a las familias de quienes han sufrido un intento o consumación del suicidio en su núcleo familiar; deberá promover e informar a la población sobre los centros de ayuda a los que pueden acudir; promover pláticas sobre prevención, intervención y después de un intento o consumación del suicidio, preferentemente, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Al igual que llevar un registro, a través de un formato único, de quienes tienen riesgo suicida, para realizar pláticas de prevención e intervención; así como de familiares de víctimas de suicidio.
La promovente de la iniciativa, Kathia Bolio Pinelo (PAN), señaló que el objetivo de la propuesta es para disminuir y erradicar los índices de suicidios, porque incluso, la pandemia agravó la incidencia de los casos, que trae una gran afectación a las familias, a las cuales se pretende ayudar para la prevención o post mortem.
En su turno, Silvia López Escoffié (MC) resaltó que es un tema de importancia, porque el suicidio es uno de los daños que más sufre la sociedad yucateca y ayudará al estado para que este problema social se revierta, de alguna manera, desde los municipios.

Boletín de prensa

Solicitan proyecto de dictamen para el empréstito del Gobierno estatal

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se solicitó el proyecto del dictamen de la iniciativa del Ejecutivo estatal para contratar uno o más empréstitos para inversión pública productiva, que contenga las propuestas de las diferentes fracciones parlamentarias aprobadas este día; el producto legislativo se discutirá mañana jueves 14 de mayo a las 10 horas, cuando se reanude la sesión.
En la jornada de hoy, se aprobaron por mayoría, con el voto en contra de Marco Rodríguez Ruz (PRI) y Leticia Euán Mis (Morena), las modificaciones de la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, a la propuesta de Luis Borjas Romero (PRI), presentadas ayer; así como las de Movimiento Ciudadano a la iniciativa original.
Los cambios planteados por Díaz Lizama fueron, primero, que, respetando la Ley de Disciplina Financiera, se establezca en un artículo transitorio y no en el cuerpo del dictamen a discutir, el último párrafo del inciso K de la página 10, que establece que las obras públicas de los rubros señalados en incisos anteriores serán susceptibles de realizarse bajo el esquema del programa de empleo temporal, como está considerado en los lineamientos para el Plan de Reactivación Económica.
Segundo, el último párrafo de la misma página, que plantea que dentro de las acciones y obras a financiar por el empréstito a contratar, no podrá realizarse ninguna que rebase un porcentaje mayor al 5% del monto total del financiamiento, exceptuando la infraestructura de salud pública, a los proyectos de beneficio social que impacten de manera simultánea a los 105 municipios del interior del estado y a los proyectos productivos relacionados a las tecnologías de la información.
Tercero, en el párrafo segundo de la página 15, que en la Comisión Especial del Congreso estatal en la materia sea conformada por nueve diputados y no por cinco como se proponía originalmente, además de que se integre un representante de la Auditoría Superior del Estado y, por medio de invitación, a un representante del Ejecutivo estatal y de los sectores productivos y laborales.
Las modificaciones de Movimiento Ciudadano fueron, primero, que las obras y acciones derivados del financiamiento deberán contratarse a través de licitaciones públicas, excepto lo que indique la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.
Y segundo, para modificar el párrafo primero del Artículo Segundo de la Iniciativa original, para que la dispersión del crédito se rija por el documento de los lineamientos para el Plan de Reactivación Económica de Yucatán, presentado el 29 de abril del presente año ante el Congreso estatal.
En su turno, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) advirtió que en la propuesta de Borjas Romero se busca dar una preferencia a contratar personas de algún lugar específico o región, lo que puede violar los derechos laborales y humanos establecidos en la Constitución Política de México y la respectiva de Yucatán, porque se le impide participar en estos trabajos a cualquier persona de otra localidad, por lo que “se corre el riesgo de que algún ciudadano o ciudadana se inconforme”.
Lo anterior, referente al planteamiento de que las empresas que ejecuten las obras serán preferentemente yucatecas, al igual que la mano de obra sea de la localidad donde se ejecuta, para lo cual, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), después de escuchar las opiniones de Milagros Romero Bastarrachea (MC), Díaz Lizama y Borjas Romero, sugirió que, junto con la Secretaría General del Congreso local, se haga un análisis técnico para la viabilidad del tema. Por otro lado, Rodríguez Ruz, al posicionar su voto en contra de la iniciativa del Ejecutivo, mencionó que hay otras opciones para generar dinero porque, derivado de las respuestas de los funcionarios públicos del Gobierno estatal, se dio a conocer que para obra pública en 2020 se tiene 1,308.5 millones de pesos para ejercer; así como en el rubro de educación, en un cálculo propio, se ha ahorrado alrededor de 100 millones de pesos en dos meses, al no haber clases en las aulas.
En el mismo sentido, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, recordó que en 15 días iniciarán los trabajos para la construcción del tren maya que tendrá una derrama económica de 10 mil millones de pesos en obra pública que no pagarían los yucatecos, y en el estado se generaría 20 mil empleos en el sector de la construcción; además, el beneficio se extendería a 10 kilómetros a la redonda de los 21 municipios considerados en el proyecto.
Así mismo, recordó que en el 2018 se pagaban más o menos 447 millones de pesos anualmente a los bancos, en intereses, por los préstamos de 3 gobiernos anteriores y que, ahora, con los préstamos  que la actual legislatura ya le ha autorizado al Ejecutivo, a partir del próximo año se pagarán mil 300 millones de pesos anuales y de aprobarse este nuevo crédito se pagarían mil 430 millones de pesos “es decir en 17 meses pasaríamos de 400 millones a 1430 millones de pesos anuales, reitero sólo de intereses”
En respuesta, Sánchez Roca declaró que la deuda por empréstitos de administraciones estatales anteriores es de 3,773 millones de pesos, con un pago anual de 396 millones de pesos y con el refinanciamiento se logró reducir el monto a 296 millones de pesos; al igual que cuando se termine el recurso del programa Yucatán Seguro, se calcula que se pague 178 millones de pesos, por lo que, de aprobarse el nuevo empréstito, el estado seguirá en semáforo verde por tener un endeudamiento sostenible, argumentó.

Boletín de prensa

Aprueban en Comisión hasta cinco años de prisión a quien agreda a personal de la salud

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar los artículos 185 Bis y el 358 Bis al Código Penal del Estado, para aplicar sanciones a quien agreda a personal de salud pública o privada.

El artículo 185 Bis establece que se aplicará una sanción de dos a cinco años de prisión o hasta 300 días multa al que realice por sí o incite a otros a realizar actos discriminatorios tales como la negación en la prestación de un servicio público o privado, se restrinja la libertad de tránsito o se dañe la integridad emocional y psicológica en contra del personal de salud por razón del desempeño de sus labores.

Además, las sanciones se aumentarán hasta en una mitad, cuando los actos descritos se realicen durante una emergencia sanitaria.

El artículo 358 Bis determina que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, para aquellas lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar hasta quince días, se le impondrán a quien la infiera, de uno a tres años de prisión o de 50 a 200 días-multa y de 50 a 100 días de trabajo comunitario.

Así mismo, si la lesión tarda más de 15 días se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de 50 a 500 días multa; al igual que cuando las conductas señaladas se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior aumentarán hasta en una mitad más.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), respaldó las iniciativas de su partido y del PRI que se unió en un solo dictamen, porque en este momento urge a la ciudadanía, porque han ocurrido hechos lamentables contra enfermeros y médicos.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, indicó que este dictamen es para fijar un mensaje claro porque en una circunstancia extrema no se quisiera tener falta de personal médico debido a las agresiones que se están suscitando.

En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) indicó que en cualquier momento se puede tener otra emergencia sanitaria, que incluso se podrían generar después de un desastre natural, como son los huracanes; por ello, continuó, es importante dar protección a los profesionales de la salud, que por desconocimiento o miedo, son agredidos durante estas circunstancias.

Además, Enrique Castillo Ruz (PRI) reconoció que la Comisión ha hecho un trabajo que ha generado resultados, porque como cuerpo colegiado se ha trabajado con respeto y consenso, no lo impone el presidente de la misma; por otro lado, Milagros Romero Bastarrachea (MC) solicitó que se atendiera su iniciativa para perseguir de oficio la violencia intrafamiliar “que también es urgente como el tema previamente atendido”.

En la Comisión, también se distribuyeron la Iniciativa para modificar el artículo 348 del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa, suscrita por la diputada Mirthea del Rosario Arjona Martín (PRI); la Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el capítulo tercero del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de delitos contra el medio ambiente suscrita por el diputado Luis Enrique Borjas Romero (PRI).

Además, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 16 bis con 30 fracciones del Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por la diputada María Teresa Moisés Escalante (PRI); la Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma diversos artículos del Código Penal, en materia de delitos contra el honor, suscrita por Movimiento Ciudadano.

También, la Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código de Administración Pública de Yucatán y el Código Penal del Estado, en Materia de Certeza Jurídica de los cerrajeros, suscrita por MC; la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 367 Bis, 367 Ter y 367 Quater del Capítulo II del Título Vigésimo de los Delitos contra la Vida e Integridad Corporal del Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por el Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN).

Al igual que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y VIII del artículo 325 del Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por las diputadas María Moisés Escalante, Mirthea Arjona Martín, Janice Escobedo Salazar (PRI), Karla Franco Blanco (PRI), Lila Frías Castillo (PRI) y el legislador Felipe Cervera Hernández, y la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de Feminicidio, suscrita por Janice Escobedo Salazar.

Reunión con funcionarios

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes acordaron por unanimidad que cada fracción y representación parlamentaria podrá presentar sus dudas sobre la iniciativa del Ejecutivo estatal para contratar uno o más empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas para la reactivación económica del estado en los ejercicios fiscales 2020-2021, a más tardar mañana viernes a las tres de la tarde.

Posteriormente, el lunes 11 de mayo del presente año, se reunirán vía videoconferencia con funcionarios estatales para desahogar las dudas presentadas y el mismo día, se retomará la sesión de la comisión, actualmente en receso, para continuar con el análisis de la iniciativa; todo lo anterior, a propuesta de Janice Escobedo Salazar.

Previamente, Díaz Lizama mencionó que en el Plan de Reactivación Económica están consideradas opiniones y sugerencias de alcaldes, legisladores federales, empresarios y líderes de organizaciones obreras, por lo que existe un compromiso del Ejecutivo estatal con dichos sectores.

El diputado Felipe Cervera señaló que el problema no es el Plan de Reactivación Económica, si no la manera en que fue presentada la iniciativa, pues deja muchas dudas y no se ven propuestas para atender las necesidades de productores agropecuarios, campesinos, personas mayores, entre otros, además de que señaló que para solicitar un crédito se tiene que ser claro en informar donde se va a invertir.

En el mismo sentido, Milagros Romero Bastarrachea (MC) puntualizó que su bancada quiere visualizar hacia dónde y cómo se piensa invertir estos recursos para garantizar el desarrollo humano, al igual que priorizar las obras que se pretenden ejecutar.

De igual forma, Marcos Rodríguez Ruz (PRI), declaró que en la iniciativa se pretende establecer temas que quedarían a criterio del Ejecutivo estatal y el Plan de Reactivación Económica sólo “es un documento de buenas intenciones”.

En otros puntos, se distribuyeron la Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Tizimín, Yucatán; la Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Sinanché, Yucatán; la Iniciativa que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Mama, Yucatán; la Iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de Tixpéual, Yucatán; y la Iniciativa que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Sotuta, todas para el Ejercicio Fiscal 2020.

Además de la Solicitud de autorización para contratar un Financiamiento por un monto de hasta 400 millones de pesos, destinado a Inversión Pública Productiva; para afectar las Participaciones, así como a reformar o modificar la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida, Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2020.

Puntos

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad reformar el primer párrafo y adicionar un Apartado C, “De la Ciencia y la Tecnología”, del artículo 90 a la Constitución Política del Estado.

Dicho apartado establece que la ciencia, la tecnología y la innovación tendrán como base la solidaridad intelectual y moral de los yucatecos, por lo cual deberán desarrollarse respetando el medio ambiente, los principios de la bioética y la dignidad humana, siempre que no comprometan las necesidades ni los intereses de las generaciones futuras, y su principal objetivo será aumentar el bienestar cultural y material de los habitantes, promoviendo los ideales y objetivos de paz y equidad.

De igual forma, se continuó el análisis de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, en materia de suicidio, suscrita por la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN); para lo cual, Miguel Candila Noh (Morena) presentó una propuesta para desechar dicha propuesta porque podría contravenir disposiciones federales.

También, de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de Parlamento Abierto, suscrita por la fracción del PRI y Movimiento Ciudadano; para la cual, Silvia López Escoffié (MC) presentó una propuesta para definir los conceptos del tema, con el objetivo de generar una comunicación directa con la ciudadanía.

Al igual, se continuó con el análisis de la Iniciativa que reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de sesiones en línea, suscrita por MC; de la Iniciativa de reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia; y la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y de su Reglamento, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia; ambas del PRI.

Desarrollo Humano

En la comisión especial para el Desarrollo Humano y la Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, sus integrantes aprobaron por unanimidad declarar el 25 de Octubre como “Día Estatal de las Personas de Talla Baja”.

De la misma manera, avalaron por unanimidad modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, en materia de actualización de lineamientos, criterios e indicadores en la aplicación de políticas públicas a favor de la no discriminación en Yucatán.

Boletín de prensa

Aprueban en comisión la Ley de Imagen Institucional del Estado

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se aprobó por mayoría, con el voto en contra del PAN por abstenerse, el proyecto de Dictamen para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado que tiene por objeto regular la utilización de colores en los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio de la administración pública estatal, municipal y órganos autónomos.

Así como establecer las bases en que deberán sustentarse las políticas, criterios y actividades para regular el uso y la difusión de la imagen institucional por parte de las dependencias, entidades y ayuntamientos, la cual debe ser acorde a la identidad económica, social, histórica y cultural que distinga a la administración pública estatal, municipal y órganos autónomos, así como los valores, usos y costumbres propias de la sociedad yucateca.

También, se debe omitir cualquier alusión a persona alguna, partido político y organización privada o social, es decir, en ninguna circunstancia el color relativo a algún partido político podrá ser utilizado en la imagen institucional.

En el mismo cuerpo colegiado, también se distribuyeron fichas técnicas y cuadros comparativos de las iniciativas para reformar y adicionar un apartado “De la Ciencia y la Tecnología” en el artículo 90 de la Constitución Política estatal, suscrita por María Moisés Escalante (PRI).

Además, de la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, en materia de suicidio, signada por Kathia Bolio Pinelo (PAN), quien presentó un replanteamiento de su propuesta.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández (PRI), mencionó que la iniciativa no debe limitar a los ayuntamientos a realizar convenios de colaboración con autoridades de salud estatal o federal, para implementar campañas o programas de prevención del suicidio, sino “abrir el abanico de posibilidades”.

En la comisión, también continuó el análisis de la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de parlamento abierto, presentada por las fracciones del PRI y Movimiento Ciudadano.

Silvia López Escoffié (MC), planteó realizar una reunión con asociaciones civiles para el estudio de esta propuesta; para lo cual, la presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI), informó que el encuentro sería el próximo martes 17 de marzo.

Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), solicitó que el Instituto de Investigaciones Legislativas revise el marco legal para no entrar en controversia con el tema de protección de datos personales.

Previamente, en la comisión especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, continuó el análisis de la iniciativa para expedir la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las personas con Espectro Autista, de la cual, Kathia Bolio Pinelo (PAN), presentó una propuesta elaborada por Carlo Méndez Suárez, abogado activista de familias con personas con esta condición.

Así mismo, se solicitó la elaboración del proyecto de dictamen para declarar el 25 de octubre como Día Estatal de las Personas de Talla Baja, además de la propuesta para reformar y adicionar diversas fracciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.


Boletín de prensa

Analizan la determinación del número de regidores para la próxima elección

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se solicitó el proyecto de dictamen para determinar el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional de los Ayuntamientos del estado, toda vez que la Ley de Gobierno de los Municipios, establece que el Congreso estatal deberá establecerlo el año previo a una elección.
Para ello, la presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI), informó que el artículo 22 de la mencionada Ley, indica que para determinar el número de Regidores, esta soberanía considerará las circunstancias poblacionales de los municipios.
Agregó, que serán cinco ediles para poblaciones con hasta cinco mil habitantes, tres de mayoría relativa y dos de representación proporcional; ocho regidores para los que cuenten con hasta 10 mil habitantes, cinco de mayoría relativa y tres de representación proporcional.
Además, continuó, 11 ediles para los que cuenten entre 10 mil a 100 mil habitantes, siete de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional; así como 19 regidores para los que tengan más de 250 mil habitantes, 11 de mayoría relativa y ocho de representación proporcional.
Miguel Candila Noh (Morena), señaló que no hay variación en comparación con la elección pasada porque, aunque en algunos municipios incrementó la población, no se incrementarán los regidores en algún Ayuntamiento.
De la misma manera, en la Comisión prosiguió el estudio de la Iniciativa para adicionar el artículo 7 al Código de la Administración Pública de Yucatán, suscrita por Alejandro Cuevas Mena (PRD), que busca establecer como obligación que el Gobierno estatal y los municipales, cuenten con una persona mayahablante en áreas de primer contacto para brindar asesoría a esta comunidad.
De esta propuesta, se distribuyó una ficha técnica y un cuadro comparativo, al igual que Candila Noh entregó una propuesta para integrar al proyecto; en su turno, Rosa Díaz Lizama (PAN) sugirió que el Instituto de Investigaciones Legislativas recabe información de las dependencias y organismos autónomos si cuentan o no, con alguien o un área, que provea esta asistencia.
Así mismo, se entregó la ficha técnica de la propuesta para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado, signada por Luis Borjas Romero (PRI), quien mencionó “que tiene el objetivo de ahorrar recursos públicos” y para que la imagen de los gobiernos estatales y municipales no sea modificada, cada vez que cambie la administración.
Díaz Lizama, Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) y Cuevas Mena, coincidieron que la ciudadanía manifiesta su inconformidad con los nuevos Ayuntamientos que pintan las fachadas de los palacios municipales, cada vez que cambia la administración.
La coordinadora de la fracción del PAN también solicitó que el Instituto de Investigaciones Legislativas haga un comparativo de la reglamentación federal sobre este tema.
Por otro lado, continuó el análisis de las reformas a la Constitución Política de Yucatán y la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, presentada por Movimiento Ciudadano.

Boletín de prensa

Con iniciativa de Movimiento Ciudadano usuarios de transporte tendrán servicio de calidad

Mérida, Yucatán, 14 de noviembre de 2019.- Al quedar aprobado por unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Transporte de Yucatán, los usuarios del transporte público pasarán a ser la prioridad, logrando con ello un servicio con seguridad, eficiencia e igualdad.

 

Luego de diez meses de haber sido presentada la iniciativa por las diputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, hoy en la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, sometió a votación la iniciativa al considerarla suficientemente analizada y reconocer que busca erradicar gradualmente una problemática que se padece cotidianamente por muchos de los usuarios del transporte público.

 

Con las reformas que ya se han aprobado se reconocerá y garantizará los derechos de los usuarios, asegurando el respeto a este derecho a través de disposiciones sancionadoras que busquen, más que inhibir conductas, incentivar acciones que redunden en una nueva cultura caracterizada por un servicio público de transporte de calidad.

 

Se reconoció que los usuarios tienen derecho a recibir el servicio en forma regular, continua y permanente en condiciones de seguridad, comodidad, higiene, respeto e igualdad. Cualquier persona puede hacer uso del servicio de transporte previo pago de la tarifa autorizada.

 

Con las reformas se establece que los usuarios tienen derecho a que se respete la solicitud del servicio cuando se haga en el paradero establecido, recibir su boleto con seguro para viajero, el vehículo debe cubrir todo el recorrido por la ruta autorizada, a la seguridad de la frecuencia de los autobuses en los horarios autorizados, a viajar con un menor de cinco años sin que este pague boleto, a ser tratado con cortesía, abordar completamente el camión antes de que el operador lo ponga en movimiento.

Así también a recibir el servicio en vehículos limpios, que cuenten con bancas en buen estado, a que se le respeten las tarifas autorizadas, incluyendo las preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, a no ser discriminado por razones de edad, género, condición económica o aspecto físico.

Quienes no cumplan con las nuevas medidas impuestas serán sancionados con el retiro de las unidades de transporte, multas económicas y suspensión o revocación de la concesión o permiso.

 

Así también se marcan obligaciones a los usuarios entre estas no ocupar los espacios designados a personas con alguna preferencia por género, edad o discapacidad, no insultar, no ingerir bebidas alcohólicas, substancias psicotrópicas o enervantes, no realizar actos contra la moral o contra la seguridad de otros usuarios, no tirar basura, no dañar los asientos.

En caso de no respetar estas disposiciones el operador podrá bajar del vehículo al usuario.

 

 

Boletín de prensa

Avanza iniciativa para vender vehículos abandonados

 

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, se solicitó el proyecto de dictamen para modificar el Código Fiscal y la Ley de Tránsito y Vialidad, en materia de enajenación de vehículos abandonados, que se encuentran en el corralón de la Secretaría de Seguridad Pública.

 

Rosa Díaz Lizama (PAN), explicó que esta iniciativa del Ejecutivo estatal pretende brindar un periodo de 60 días naturales a los usuarios de las unidades (bicicleta, motocicleta o automóvil) para que puedan recuperar su propiedad mediante un trámite; una vez que termine este plazo, entonces la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) podrá subastar dichos vehículos o, en caso de ser inservibles, vender sus partes o destruirlos.

 

El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) sugirió que este plazo de 60 días, sea implementado a partir del mes de noviembre del próximo año, debido a la llegada de los aguinaldos, para que los dueños de las unidades tengan oportunidad para recuperar sus bienes.

 

Milagros Romero Bastarrachea (MC), propuso que después de ese primer periodo, los siguientes deberán ser dos veces al año, toda vez que la propuesta manifiesta que en igual número de ocasiones se realizará un inventario del padrón y el estado de los vehículos abandonados.

 

En el mismo sentido, Marco Rodríguez Ruz (PRI) suscitó que sea en el mes de mayo, ya que algunos trabajadores reciben el reparto de sus utilidades; al resumir estas aportaciones, los integrantes de la comisión avalaron por unanimidad que se integren al proyecto de dictamen.

 

En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) aconsejó que, además de obras de infraestructura urbana para los municipios,  el destino final de los recursos que obtendrá el Gobierno por esta posible medida, también se inviertan para la concientización del medio ambiente de las comunidades; este punto también fue avalado por unanimidad, pero “para programas ambientales”, como propuso la redacción Díaz Lizama.

 

En la comisión también continuó el análisis de la iniciativa por el que se autoriza al Poder Ejecutivo y a los Municipios del Estado a contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas, así como afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

 

El diputado Rodríguez Ruz, entregó un análisis jurídico de su fracción para que sea considerado en el estudio de la propuesta; Sánchez Roca también planteó una reunión con representantes de Banobras para que expliquen cómo se brindarían los créditos a los municipios.

 

Sin embargo, Romero Bastarrachea descartó esta idea porque esa reunión la deben tener los ayuntamientos y manifestó que era mejor tener una reunión del mismo cuerpo colegiado legislativo para analizar todas las propuestas y despejar las dudas.

 

Luis Aguilar Castillo (NA), se pronunció a favor de la reunión pero señaló que debe ser de manera inmediata para aprobar un posible dictamen porque cada día se le reduce más el tiempo a los alcaldes para obtener mayores recursos, toda vez que tendrían que saldar estos recursos un mes antes de que finalicen sus administraciones.

 

Mototaxis

 

Momentos después, los integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, se reunieron con representantes de grupos de mototaxistas en Mérida y el interior del Estado, para hablar sobre su situación ante las autoridades estatales.

 

El primero de ellos, Abelardo Chan Preciado, mencionó que tienen toda la disponibilidad de trabajar, pero con la regulación por parte del Estado para establecer sitios, ubicaciones y normas, con el emplaque debido de las unidades.

 

Miguel Manzanero Chan, de la Confederación Nacional de Organización Populares (CNOP) en Yucatán, agregó que también se debe estipular tarifas, que tipo de seguro para los vehículos, contar con una base de datos con todas las unidades, establecer reglas de operación, un catálogo de sanciones y dividir la reglamentación de Mérida con los otros municipios.

 

Juan Medina Castro, de la Unión de Transporte para el Cambio de Yucatán (Untrac) indicó que el problema de los mototaxis ya se salió de control porque todavía no existe una regularización, además de que las autoridades interponen multas muy elevadas a los propietarios, que no pueden subsanar; de la misma manera, advirtió que hay unidades que transitan en carreteras federales, que pone en peligro a los usuarios.

 

Juan Reynaldo Miranda, de la CROC, indicó que el sector siempre está en incertidumbre cuando hay un cambio de gobierno, porque todos los acuerdos se hacen de palabra, al no existir una regulación, al igual que el mototaxista tiene que trabajar hasta 15 horas al día para solventar los gastos de mantenimiento del vehículo y para su ganancia.

 

Javier Carvajal García, de la CTM, indicó que “hay una prostitución en el servicio del transporte en general”, porque al no estar avalados por las leyes estatales, existe corrupción en este tema, sin importar las demandas que se interpongan ante las autoridades correspondientes.

 

En su turno, Everardo Flores Gómez, del movimiento Cicloturixes, sugirió que “no se pierda de vista a los tricitaxis”, que son el antecedente de los mototaxis, porque no se les brinda incentivos a estos vehículos que tienen movilidad sostenible.

 

En la reunión, también estuvieron presentes Carlos Cisneros Dogre, secretario general del Comité Directivo Estatal de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Yucatán (CATEM); Juvencio Ancona Patrón; Gabriel Méndez Uicab, de la Coalición de Transportistas; y Gabriel Uribe Ríos, de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac).

 

 

Boletín de prensa

Aprueban en comisión la Ley de Mejora Regulatoria

Mérida, Yucatán, 31 de octubre de 2019

 

En comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para expedir la Ley de Mejora Regulatoria, en la cual se validó y valoró el Parlamento Abierto considerando las propuestas de cámaras empresariales y la sociedad civil, ejerciendo un análisis profundo del tema.

 

Víctor Sánchez Roca (PAN), detalló tres cambios importantes a la iniciativa del Ejecutivo estatal: el integrar al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, un representante de un municipio mediano y otro de uno pequeño, además de Mérida como lo proponía la propuesta original, para incentivar un sistema en la materia con mejor infraestructura para todos los ayuntamientos.

 

Además, de los espacios para la sociedad civil, se especifica que uno de los cuatros puestos sea para el sector obrero, en especial por los temas de tramitología y su seguridad social; así como de brindar dos sitios más de los tres ya asignados para las cámaras empresariales, para mayor representación ciudadana en el mencionado cuerpo colegiado.

 

En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) señaló que la nueva Ley plantea que todos somos sujetos obligados, con el objeto fundamental de facilitar los trámites que los ciudadanos realizan en las dependencias de gobierno; también, resaltó el cambio de perfil en los enlaces en los ayuntamientos e instituciones, porque en ocasiones no tenían la capacidad y competencia para implementar y difundir los procesos de mejora regulatoria.

 

“Por eso pedimos que los enlaces tengan la capacidad, experiencia y en especial, la posición dentro de la organización para llevar a cabo lo que establece la ley”, reiteró.

 

Por otro lado, Frías Castillo preguntó si se consideró en el estudio de la iniciativa, alguna opinión vertida en el micro sitio de la página de internet del Congreso estatal, por parte de la ciudadanía; en respuesta, el presidente de la comisión, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) contestó que no hubo registro de propuesta en dicho enlace.

 

Rodríguez Ruz, también enfatizó que para el análisis y dictaminación de esta propuesta, se privilegió el Parlamento Abierto que caracteriza a la LXII Legislatura, porque se brindó el espacio necesario para las cámaras empresariales y organizaciones civiles, atendiendo cada comentario, observación, propuesta y sugerencia.

“Por ello nos tomó tiempo, no quisimos hacer un trabajo a la ligera, sino un trabajo profundo, que servirá para los empresarios pero ayudará más a los micro y medianas empresas, para reducir tiempos en la gestión, que ellos podrán hacer directamente”, recalcó.

 

Comparecencias

 

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, se realizaron las comparecencias de los candidatos a Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que fueron propuestos en la terna enviada por el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal.

 

La primera en presentarse, Gabriela Gutiérrez de los Santos, mencionó que buscará privilegiar la solución de los conflictos, sin afectar los procesos y el derecho del trabajador, además de que no tolerará la corrupción dentro del Tribunal, por lo que buscará publicar y difundir el código de ética para que el actuar del funcionario público sea pulcro.

 

En su turno, Armando Aldana Castillo indicó que ser propuesto es una gran responsabilidad que otorga la oportunidad para construir y contribuir al Tribunal con una nueva visión y misión, en pro y para los trabajadores, por lo que al momento de consolidar y ser garante de las normas laborales, se demostrará la habilidad y la capacidad de lo que manda la ley.

 

Por último, Grettel Escalante Rendis, manifestó que se necesita contar con el personal capacitado en el Tribunal para que sea distribuido de manera correcta y cumplir con los conceptos del mismo, además de crear condiciones adecuadas para trabajar de manera coordinada con las autoridades que intervengan con los procedimientos, para generar planes de trabajo

 

 

Boletín de prensa

Aprueban en comisión crédito para la iniciativa Yucatán Seguro

En comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por mayoría, con el voto en contra de Morena, el proyecto de dictamen del empréstito de hasta 2 mil 260 millones de pesos contemplado en la iniciativa “Yucatán Seguro”, con la adición de cuatro propuestas: para que sea administrado únicamente a través de un Fideicomiso, la creación de un Comité de Seguimiento, incrementar las unidades vehiculares en municipios y para la adquisición de camiones con sistema de rayos X.

Dos propuestas avaladas fueron presentadas por Janice Escobedo Salazar (PRI), para que se ejecute el crédito únicamente a través del Fideicomiso de Administración y Pago; además, con aportaciones de Milagros Romero Bastarrachea (MC), de crear un Comité de Seguimiento que sería integrado por representantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles y del Centro de Investigadores y Estudios Superiores en Antropología Social de la UADY, al igual que del Colegio de Contadores y por lo menos de dos diputados.

Este cuerpo colegiado tendrá como fin verificar el ejercicio, aplicación y desarrollo del proyecto, al igual que el uso y destino de los recursos, con la obligación de contar con su reglamento interno en un plazo de 30 días después de su instalación.

La tercera propuesta fue presentada por Warnel May Escobar (PRI) para brindar financiamiento a los municipios para adquirir patrullas y equipamiento, así como la última, de Luis Borjas Romero (PRI) para comprar 4 vehículos con sistema de rayos X; ambas se consideraron en artículos transitorios y solo aplicaría en caso de que exista un ahorro en la ejecución del empréstito y no se llegue al techo financiero.
La iniciativa del Ejecutivo Estatal tiene como objetivo la implementación del sistema integral de seguridad electrónica denominado “Fortalecimiento Tecnológico de Seguridad y Monitoreo, Yucatán Seguro”, y modificar la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2019.

Matrimonio Igualitario

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen, que fue returnado por la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, referente a las reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de Matrimonio Igualitario, con un anexo de un criterio judicial de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La presidenta de la comisión, Karla Franco Blanco (PRI) recordó que el pasado 9 de abril del año en curso, este cuerpo colegiado aprobó un primer dictamen, pero no alcanzó las dos terceras partes del pleno de la Legislatura para su aprobación durante la sesión ordinaria del 10 de abril, por lo que la Mesa Directiva returnó el producto el 28 de mayo.

Además, detalló que para la discusión y votación del actual dictamen se le agregó la resolución de la Primera Sala de la SCJN al amparo 5459/2016 que enfatizó en dicho medio de control constitucional que la exclusión de las parejas del mismo sexo en las legislaciones locales, no constituyen propiamente una omisión legislativa, sin embargo destaca lo favorable que es acortar las distancias en la materia a fin de contemplar en la legislación figuras jurídicas que permitan la unión de parejas del mismo sexo.

Así mismo, aunque no existe un mandato para reformar el marco legal en torno al tema, con el dictamen se abona a establecer condiciones de igualdad que fomenten la convivencia armónica de todas las personas dentro de la sociedad yucateca.

Juventud

En comisión de Derechos Humanos, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar la Ley de la Juventud del Estado, para incorporar a esta norma el Consejo Estatal de la Juventud; en otro punto, se distribuyó la iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por Janice Escobedo.

Sobre el tema de juventud, Silvia López Escoffié (MC) y Kathia Bolio Pinelo (PAN) agradecieron que se incluyeron sus aportaciones en el dictamen para desarrollar políticas públicas del Ejecutivo estatal para que puedan funcionar a dicho sector.

En su turno, Luis Borjas indicó que este dictamen representa un avance para incrementar la participación de los jóvenes, por lo que el reto de los gobiernos es canalizar esas ideas, que se verá reflejado en la sociedad, toda vez que el Consejo es transversal y atiende temas como salud, educación, entre otros.

La promovente de la iniciativa, Paulina Viana Gómez (PAN) mencionó que se está atendiendo una solicitud de la juventud yucateca, para que quede en la ley y brinde certeza jurídica a este sector, garantizando que tengan un espacio en las tomas de decisiones, porque sí están interesados en política.

Día de la República de Corea

En comisión de Arte y Cultura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para establecer que se conmemore en Yucatán cada 4 de mayo el “Día Estatal de la República de Corea”.

En asuntos generales, Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que se deben buscar herramientas para potenciar la cultura maya para el desarrollo de su arte y cultura, en beneficio del estado, opinión que fue secundada por la presidenta de la comisión, Paulina Viana.

Boletín de prensa