Regidores panistas denuncian diversas anomalías e irregularidades en municipios donde son oposición

Poca información en el manejo de los recursos financieros, amenazas, omisión de datos que les permita realizar una mejor labor, gobiernos paralelos e, incluso, retención de sus percepciones, son solo algunas de las situaciones que los regidores panistas enfrentan donde son oposición al gobierno municipal.
“Haremos lo necesario y posible para que los regidores de minoría tengan las herramientas necesarias que les permita ser una oposición responsable, bien informada y que dé respuesta a las necesidades de la población”, indicó Asís Cano Cetina, presidente estatal del Partido Acción Nacional.
Lo anterior lo señaló el directivo panista al poner en marcha el III Encuentro de Regidores Panistas de Minoría para que cuenten con información que les permita exigir a los gobernantes de oposición cuentas claras en sus municipios, de manera que la sociedad sea la principal beneficiada.
Gobierno paralelo, retención de la mitad de su sueldo, violencia de género, entre otras cosas, es lo que enfrenta Guadalupe Marrufo Pool, regidora panista en San Felipe, y que se ha convertido en una de las de las principales voces de denuncia por la destrucción del mangle y humedal en ese municipio por parte del ayuntamiento priísta.
“En San Felipe la ley se viola de manera reiterada no solo en material ambiental sino también en otro tipo de sectores, además de que la presidenta municipal y el síndico solo entregan apoyos a quienes pertenecen a su partido y están dejando en el desamparo a una parte de la población que está en situación vulnerable”, indicó.
La regidora panista apuntó que existe un vacío de gobierno en San Felipe que es aprovechado por el actual síndico Felipe Marrufo López, lo que ha derivado en tener un gobierno paralelo. “La presidenta municipal de extracción priísta prácticamente no está en el municipio y buena parte de la semana se la pasa en Mérida”, denunció.
“Estos señalamientos que se han hecho, así como las denuncias por la destrucción ambiental que ocurre en San Felipe, ocasionaron la retención de la mitad de mi sueldo”, dijo. Esta situación ha sido denunciada ante el Tribunal Electoral del Estado.
Entrega de apoyos a quienes no lo necesitan, aviadores y poca información del manejo de los recursos, son las principales irregulares que denuncia Mirza Jiménez Escamilla, regidora panista de minoría en el municipio de extracción priísta de Dzidzantún.
“Los apoyos que llegan al municipio solo se entregan a los allegados del alcalde, a sus amigos, y en este municipio hay muchas necesidades, especialmente en el tema de salud”, mencionó.
Destacó que a la falta de información clara del manejo de los recursos en Dzidzantún, se suma el hecho de que pudiera existir una nómina paralela, pues “cada quincena hay una fila bastante larga de gente que va a cobrar y que les hacen firmar papeles en blanco”.
La inexistencia de un programa estratégico de gobierno y una planeación inadecuada están resultando en un mal desarrollo de Valladolid, cuando tiene todos los elementos para ser referencia de crecimiento en la zona oriente del estado, denunció también Heidy Che Dzib, regidora panista de minoría por ese municipio.
Lamentó también que las autoridades morenistas de Valladolid no cumplan con la función de informar a los ediles sobre las acciones que están impulsando y mucho menos del resultado en la ejecución de los recursos.

Boletín de prensa

El PAN Yucatán pide se castiguen presuntas irregularidades

El citatorio de los operadores financieros, el primer paso para que se le haga justicia a los yucatecos y yucatecas

Mérida, Yucatán, a 25 de enero.- “En el combate a la corrupción, hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, invitó hoy el presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional (PAN), Asís Cano Cetina, en rueda de prensa. “Las comparecencias de los operadores políticos del PRI debe ser el primer paso para castigar, con respeto irrestricto a la Ley, a quienes saquearon al Estado y se robaron la salud de los yucatecos”.

De acuerdo a información pública ayer, viernes 24, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción emitió citatorios a Justo Pastor Aguilar Amaya y Wilma Torres Álvarez, quienes fueron directores de administración de la Secretaría de Salud en el gobierno estatal pasado. Un día antes, jueves 23, se citó a José Luis Suárez Carrillo, exdirector de administración de la Secretaría de Educación. A estos tres ex funcionarios se les relaciona con Victor Caballero Durán, Sergio Vadillo Lora y Gaspar Quintal Parra.

En la reunión con los medios de comunicación locales y nacionales, el líder estatal panista recordó que la administración estatal anterior prometió “combatir ferozmente la corrupción”. Sin embargo, contrastó, “los yucatecos fuimos testigos que no sólo no se cumplió esa promesa, sino que también en ese pasado sexenio hay indicios de graves desvíos de recursos públicos”.

“El PAN denunció oportunamente esas irregularidades, señalando con evidencia cómo operaba la red que se tejió́ en la administración estatal anterior con el objetivo claro de saquear el erario”, sostuvo. “Por eso Acción Nacional se congratula con la noticia que ya comenzaron a emitirse los citatorios para que comparezcan los funcionarios que operaron esta red de desvíos”.

“Este debe ser el principio del fin de la impunidad en Yucatán”. En el PAN propusimos desde campaña e impulsamos que la entonces vicefiscalía anticorrupción se convierta en fiscalía autónoma y vemos que ya se están dando los primeros resultados” reiteró Cano Cetina.

“La Fiscalía tiene en frente la gran oportunidad de mandar un mensaje a la sociedad de que las reglas del juego han cambiado y que, quienes la hacen la pagan”, recalcó Asís Cano, dirigente estatal panista.

“Ya es momento que la Justicia y la Ley se apliquen a quienes desvían recursos públicos”, concluyó Cano Cetina. Lo acompañaron Yesenia Polanco Ross y Miguel Ángel Varguez Alonzo, secretaria general y secretario de Fortalecimiento Interno del CDE del PAN.

Movimiento Ciudadano logra moción suspensiva en dictamen de objeción de conciencia

Denuncian irregularidades en programa Peso a Peso
Avanza Ley en Protección de Adultos Mayores

La moción suspensiva propuesta por la coordinadora de la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC), Silvia América López Escoffie, para que un dictamen que reformaba diferentes artículos de la Ley de Salud que se pretendía aprobar en la sesión plenaria este miércoles fuera regresado a la Comisión de Salud y Seguridad Social, con el objetivo de que sea enriquecido, fue aprobada por mayoría de votos.

Durante la sesión de este miércoles, la bancada de Movimiento Ciudadano en voz de su coordinadora también exhibió las irregularidades que algunos alcaldes de la entidad, entre ellos, el presidente de Chankom, Roger Cemé Mis, realizan con el programa Peso a Peso.

 

En la plenaria también se envió a la Comisión Puntos Constitucionales y Gobernación, una iniciativa de Ley para la Protección para Adultos Mayores, presentada por la fracción de Movimiento Ciudadano el pasado dos de octubre.

 

Instantes antes de que fueran debatidas diferentes reformas a la Ley de Salud de Yucatán, la legisladora Silvia López solicitó una moción suspensiva del dictamen, toda vez que el tema relacionado con la objeción de conciencia, podría ser enriquecido si se regresaba a la comisión de origen.

 

Argumentó que el dictamen fue expuesto de manera conjunta a pesar de contar con propuestas que reformaban artículos diferentes de la mencionada ley, referentes a la planeación familiar, a la venta de alcohol y la objeción de conciencia, esta última permite que los médicos se excusen de realizar algún procedimiento médico si el mismo contraviene su ética o creencias siempre y cuando la vida del paciente no esté en riesgo.

 

La solicitud de moción suspensiva fue aceptada por el Pleno para después ser votada por los legisladores presentes, quienes por mayoría acordaron regresar a la Comisión de Salud y Seguridad Social el documento para que fuera enriquecido con mayores aportaciones.

 

Posteriormente, en asuntos generales, la diputada López Escoffié denunció cómo el programa Peso a Peso se ha pervertido debido al manejo discrecional, toda vez que ciudadanos interesados en ser beneficiarios no reciben los apoyos a pesar de cumplir con las reglas de operación.

 

“Según manifiestan los ciudadanos, el apoyo sí fue entregado a los municipios, pero que los alcaldes lo entregan a sus simpatizantes, perjudicando así a los ciudadanos que realizaron el pago, ya que no se les hizo la devolución del dinero invertido”, denunció.

 

Aseguró que algunos de los municipios en los que se ha presentado esta problemática son Chankom, Chikindzonot, Chemax, Kahua, Yaxcabá, entre otros, donde supuestamente los ayuntamientos tampoco han entregado los apoyos.

 

Luego de enumerar diferentes anomalías que se han acentuado en el municipio de Chankom sobre diferentes programas remató: “solicitaré a la Auditoría Superior del Estado que realice la investigación correspondiente respecto al posible desvío de recursos porque no creo que exista mayor delito que el de desviar o como coloquialmente decimos, robar dinero a los más necesitados”.

 

 

Boletín de prensa

Gobierno del Estado denunciará irregularidades financieras de la anterior administración

Dichas irregularidades ascienden a un daño patrimonial por más de 500 millones de pesos
Los faltantes se detectaron, principalmente, en las Secretarías de Salud, Educación y Administración y Finanzas.
El próximo 14 de enero se interpondrán denuncias ante los organismos fiscalizadores correspondientes.

Mérida, Yucatán, 8 de enero de 2019.- Tras una exhaustiva revisión e investigación de casi 2,000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el Gobierno del Estado encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dará paso a interponer 6 denuncias, de manera inicial.

A 100 días del inicio de la gestión del Gobernador Mauricio Vila Dosal, las  titulares de las Secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra y de la Contraloría General del Estado (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés,  realizaron un balance de lo detectado en el proceso, que inició el 1 de Octubre de 2018.

Según informaron, al menos hay otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios, discrepancias administrativas, por lo que se procederá a interponer las denuncias correspondientes.

“Las 26 denuncias, en su conjunto, están siendo integradas en este momento con toda la documentación correspondiente y serán presentadas el próximo lunes 14 de enero del año en curso, ante los organismos fiscalizadores correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán”, precisó la contralora estatal en presencia del consejero Jurídico del estado, Mauricio Tappan Silveira.

La funcionaria precisó que las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP)y el Hospital Comunitario de Peto.

A manera de ejemplo, Basto Avilés mencionó que en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos, una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos, y mobiliario y equipo administrativo.

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y Desarrollo Social (Sedesol), y los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se extenderían a un monto de 160 millones de pesos, añadió.

Adicionalmente, la titular de la Secogey indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, ha instruido a iniciar la investigación para fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como Escuelas al Cien, el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Social y de Aportaciones a los Servicios de Salud.

En ese sentido, la contralora estatal reiteró que, de acuerdo a las facultades la dependencia a su cargo, hará las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes.

“Por instrucciones directas del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la Contraloría Estatal desde el primer día ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de los procesos de entrega-recepción, con responsabilidad y siempre con apego a la legalidad”, afirmó.

En este marco, la funcionaria recordó que desde el inicio de esta administración estatal —el 1 de octubre de 2018— se realizaron 270 procesos de entrega-recepción. Del 2 de octubre al 31 de diciembre, ascendieron a 1,938, de direcciones generales, direcciones y departamentos que forman la estructura del Poder Ejecutivo, así como de entidades descentralizadas y organismos desconcentrados.

En su intervención, Fritz Sierra reiteró a 100 días del Gobierno de Vila Dosal, éste trabajará siempre de forma eficiente, transparente, respetuosa de la ley, pero sobre todo en contra de la corrupción y la impunidad.

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