Proponen lengua de señas en sesiones

Incluir la lengua de señas en las sesiones del Congreso estatal, ampliar el permiso de paternidad, sancionar a casas de retiro de adultos mayores, crear una unidad especial contra el maltrato infantil y el cuidado del medio ambiente y una ley para la protección de la lactancia materna, así como fortalecer las sanciones por feminicidio, fueron los temas de este miércoles en la sesión ordinaria de la LXII Legislatura.
 
En asuntos generales, la diputada del PRI, María Moisés Escalante, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, para incluir un intérprete de lengua de señas mexicana durante las sesiones ordinarias y de la Diputación Permanente, para que el Congreso de Yucatán sea más inclusivo, en este caso, con las personas con deficiencia sensorial auditiva.
 
“Y que la unidad de comunicación social procure que, en las transmisiones en vivo de las sesiones, sea visible la persona intérprete para que las personas con discapacidad auditiva sean partícipes del actuar de quienes legislamos”, agregó.
 
Además, dijo, la iniciativa contempla que el Poder Legislativo tendrá un plazo no mayor a 90 días para su implementación, a partir de la entrada en vigor del decreto, a efecto de que se capacite al personal necesario en la lengua de señas mexicana.
 
También en tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI), presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para ampliar el permiso de paternidad de 8 a 15 días a partir del nacimiento del bebe.
 
“Se propone una serie de supuestos, donde el trabajador podrá solicitar una ampliación del permiso hasta por 10 días más, en casos como el fallecimiento de la madre durante el parto, si el infante haya nacido con algún tipo de discapacidad o si éste requiere atención médica hospitalaria al momento de su nacimiento”, señaló.
 
Haciendo lo propio, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, así como del Código Penal estatal, para definir a las instituciones de atención que son constituidas para el cuidado, atención, protección y trato digno de los adultos mayores, las cuales deberán proporcionar actividades culturales y recreativas.
 
Indicó que la propuesta plantea interponer sanciones de 50 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), a las asociaciones o instituciones que incumplan con las obligaciones establecidas, al igual que plantea el derecho de denunciar a la autoridad los casos de discriminación, abandono y abuso, ya sea por parte de familiares o no.
 
“Quien sepa, presencie o denuncie el maltrato a un anciano, se perseguirá de oficio y buscará consecuencias, porque deben contar con atención médica, personal capacitado, el tenerlos en condiciones salubres, áreas adecuadas para proporcionar servicios médicos en interiores y exteriores”, enfatizó.
 
De la misma manera, el diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del estado, para crear la Unidad Especializada en contra del Maltrato Animal y el Cuidado del Medio Ambiente, como parte de la Fiscalía General del Estado, que contará con especialistas en la materia que abrirán carpetas de investigación sobre el tema.
 
“No es algo que va a complicar, sino al contrario, ayudará a la fiscalía y le dará claridad a los ciudadanos para presentar denuncias, porque no sirve de mucho si seguimos aumentando los castigos si no hay castigados”, alegó.
 
Así mismo, la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, presentó una iniciativa para crear la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción para la Lactancia Materna, que también fomente en el estado la practica administrativa para obtener la certificación de «Hospital Amigo del Niño y la Niña» que otorgaría la Secretaria de Salud Estatal.
 
“Tiene por objeto incluir en el marco normativo vigente del Estado de Yucatán una Ley que provea la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna y las prácticas optimas de lactantes y niños pequeños, lo que implica la adopción corresponsable de medidas que constituyan a la lactancia materna como el cimiento de la alimentación y nutrición de las personas”, resaltó.
 
También, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal estatal, en materia de feminicidio, al plantear que, en caso de lesiones a una mujer, se mantenga como tentativa de homicidio, al igual que establecer la prisión preventiva oficiosa del presunto agresor, entre otras nuevas medidas.
 
“Siempre voy a alzar la voz por las mujeres mexicanas, en especial por las yucatecas, hasta conseguir que ninguna mujer sufra violencia y quienes la padezcan, tengan justicia, porque merecemos vivir con tranquilidad, libre de violencia, esta lucha es por el respeto para la igualdad de nuestros derechos”, aseveró.
 
En la plenaria, con 21 votos a favor y 4 en contra, fue aprobado por mayoría, el Punto de Acuerdo, para que el Congreso de Yucatán exhorte respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; así como al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo éstos tres últimos integrantes del Comité Interinstitucional, que emite, regula y evalúa el EFIARTES; para que en el ámbito de sus respectivas competencias, fortalezcan la Ley del Impuesto sobre la Renta, las Reglas Generales para la Aplicación de este estímulo fiscal y demás disposiciones normativas emitidas para tal efecto.
 
La promovente del tema, la diputada del PAN, Paulina Viana Gómez, recordó que se solicita que los proyectos culturales que provengan de las entidades sean visibles y con ello, descentralizar dichos recursos que se quedan en el centro del país.
 
Al igual, mencionó, que los contribuyentes nacionales y estatales tengan acceso de los proyectos culturales, así como los beneficios que pueden adquirir al apoyarlos, y que pueden apoyar de preferencia, a los proyectos que se originen en sus estados.
 
Por otro lado, se turnaron a la comisión de Arte y Cultura, la iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán el Teatro Maya de Xocén, Valladolid, presentada por María Moisés Escalante (PRI); así como la iniciativa para crear la Ley de los Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, signada por Paulina Viana Gómez (PAN).
 
A la comisión de Justicia y Seguridad Pública, fue enviada la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos del Código de Familia del estado, en materia de testamentos, suscrita por el diputado Felipe Cervera Hernández (PRI); además de la iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 1488 del Código Civil del Estado, suscrita por Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN).
 
A la comisión de Derechos Humanos, se turnó la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado, en materia de medidas de protección especial, suscrita por Karla Franco Blanco (PRI).
 
Y a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa que reforma la Constitución Política de Yucatán, la Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular, para llamarla Ley de Fortalecimiento de la Democracia Participativa en el Estado, y modificar la Ley de Gobierno de los Municipios, en materia de Cabildo Abierto, presentada por Movimiento Ciudadano.
 
De igual forma, se dieron a conocer oficios de los ayuntamientos de Tinúm, Espita y Sotuta, en los cuales remiten al Congreso de Yucatán su segundo informe de gobierno municipal 2018-2021; mientras que, en tribuna, la diputada de Morena, Leticia Euán Mis, recordó que hace seis años se presentó la lamentable desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa
 
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 30 de septiembre del presente año, a las 11 de la mañana.

 

 

 

Boletín de prensa

Analizan líos limítrofes intermunicipales

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, su presidenta, Karla Franco Blanco (PRI), instruyó a la secretaría general que solicite más información sobre los convenios para la solución de conflictos territoriales intermunicipales entre Mérida y Progreso, Mérida y Tecoh, Mérida y Abalá, ante ciertas dudas sobre los límites de los mismos.

Durante su discusión, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, pidió los planos cartográficos en el convenio de Mérida y Progreso, para conocer si existen áreas urbanas, parques, casas, entre otros, porque no se tiene esa información, por lo que, a su consideración, está incompleto.

En respuesta, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, manifestó que las diputadas y los diputados únicamente revisan que el convenio esté bien fundamentado, porque están avalados por los regidores que son representantes de los habitantes de los municipios.

Añadió que está a favor de la delimitación, ya que su no existencia es lo que causa los conflictos entre las poblaciones; por otra parte, indicó que en el caso de Tecoh, se podría ampliar la información relativa al tema.

La coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, coincidió que se requiere y se necesita regularizar los límites para que las familias tengan certeza jurídica y conozcan dónde deben dirigirse al momento de solicitar apoyos, tener servicios y pagar impuestos.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, mencionó que la Ley de Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales, establece que la función de los diputados ante estos convenios no es la de modificar y solo podrían opinar si existiera un conflicto entre las partes.

“Nuestra función es verificar la legalidad del procedimiento, verificar si se cumplieron las formalidades jurídicas y no cuestionar si esos convenios fueron adecuados o no, sino validar si esos convenios se firmaron cumpliendo con la legislación”

En otros temas, la presidenta de la comisión, Franco Blanco, informó que se realizará una propuesta técnica para cinco iniciativas que buscan reformar la Constitución Política de Yucatán, que se presentará en la próxima sesión para su discusión y votación.

La primera, reforma el artículo 75 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 31 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en materia de temporalidad del nombramiento de consejeros, de la fracción Legislativa del Partido Acción Nacional, que promueve que este cargo honorario sea de siete años y no de dos, como está actualmente.

La diputada Karla Franco informó que existe una propuesta del diputado Candila Noh, para que sean tres años en dicho puesto.
En este paquete también se contempla la iniciativa por la que se reforman las fracciones II y III del artículo 5 de la Constitución Política del Estado, en materia de residencia, suscrita por el diputado del PAN, Miguel Rodríguez Baqueiro, para elevar de seis meses a dos años el tiempo residencia en el estado, para recibir el carácter de ciudadano yucateco.

De la misma manera, se encuentra integrada la iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 2 y primer párrafo del artículo 86, ambos de la Constitución Política del Estado, en relación a institucionalizar la perspectiva de género en el servicio público, signada por la diputada del PRI, Karla Franco.

Así como la iniciativa que reforma el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, en materia de Impartición de Justicia con Perspectiva de género, presentada por la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo; al igual que la iniciativa por la que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del estado, en materia de educación, promovida por el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo. 

Desarrollo Económico

En la comisión de Desarrollo Económico, el diputado del PAN, Rodríguez Baqueiro, solicitó que se deseche la iniciativa para expedir la Ley de Desarrollo Social del Estado, distribuida este día a los diputados, presentada por su bancada en 2016 en la pasada legislatura, ya que ahora existe una nueva propuesta al respecto.

De la misma manera, se entregó a los integrantes del cuerpo colegiado, la iniciativa para modificar diversas leyes estatales, en materia de mejora regulatoria y simplificación administrativa, presentada por el Ejecutivo Estatal.

Arte

En la comisión de Arte y Cultura, se distribuyeron entre sus integrantes la iniciativa que expide la Ley para la Protección, Fomento y Regulación de las Actividades de los Artesanos del Estado, así como las propuestas para declarar Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán, el Coso Taurino de Tizimín y el Convento Franciscano de San Antonio de Padua, ubicado en Izamal.

 

 

Boletín de prensa

Congreso de Yucatán elige Mesa Directiva 

Mérida, Yucatán, 31 de agosto de 2020

 
La LXII Legislatura aprobó por mayoría la integración de la Mesa Directiva para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, que estará integrada por las diputadas Janice Escobedo Salazar (PRI), como presidenta; Fátima Perera Salazar (Morena) y Paulina Viana Gómez (PAN), como secretarias.

La Mesa Directiva también estará conformada por la legisladora Karla Franco Blanco (PRI), como vicepresidenta, así como Kathia Bolio Pinelo (PAN) y Luis Loeza Pacheco (Morena), como secretarios suplentes.

La propuesta presentada por el diputado Enrique Castillo Ruz (PRI), obtuvo 17 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones del PAN lo que por ley se establece por la negativa quedando el resultado final de 17 votos a favor y 8 en contra.

Durante la Junta Preparatoria celebrada este lunes, también se convocó a los 25 diputados a la Sesión de apertura, del Periodo Ordinario mencionado, para mañana martes primero de septiembre del presente año a las 11 de la mañana.

Momentos después, la Diputación Permanente clausuró sus trabajos durante el periodo de receso que comprendió del primero de junio al 31 de agosto de 2020, en el cual se realizaron tres periodos extraordinarios.

En la sesión, también se dieron a conocer oficios de los Ayuntamientos de Dzemul, Muna, Celestún, Quintana Roo y San Felipe, referente al Segundo Informe de Gobierno de cada uno, al igual que el Informe Anual de Responsabilidad Administrativa, del 19 de julio de 2019 al 18 de julio de 2020, del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado, Miguel Barbosa Lara.

De la misma manera, se envió a la Auditoría Superior del Estado (ASEY), los informes anuales del ejercicio de los recursos públicos, del periodo de enero a diciembre de 2019, de los Ayuntamientos de Sotuta, Cansahcab, Yaxcabá, Chichimilá y Ticul.

Además, se rectificó turnar a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para reformar la Ley General de Hacienda y la Ley de Tránsito y Vialidad, ambas del estado, signada por el diputado Miguel Candila Noh (Morena).

 

 

 

Boletín de prensa

Congreso de Yucatán tiene tratos desiguales con Poder Judicial

Requerimos discutir iniciativas “de avanzada” que envió el Poder Judicial: diputada Silvia López Escoffié

 

Mérida, Yucatán, 04 de agosto de 2020.– La legisladora de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié, lamentó que el Congreso Local mantenga una relación desigual con el Poder Judicial del Estado, pues a diferencia del Ejecutivo, sus iniciativas permanecen “congeladas” desde hace nueve meses.

 

Recordó, que a principios de noviembre del año pasado, el Poder Judicial presentó una iniciativa que incluye una serie de reformas al Código de Familia vigente en el Estado, y hasta la fecha no han sido discutidas.

 

En ese contexto, lamentó que la iniciativa aún no se haya analizado en el Recinto Legislativo, y que no se les brinde la importancia que requiere, sobre todo porque aborda temas como: la reproducción asistida, la obligación de deuda de alimentos desde la concepción, la figuras del matrimonio, la compensación del divorcio sin causales, la tutela gradual de adultos con discapacidad, entre otros.

 

Este hecho lo calificó como un trato desigual de parte del Congreso del Estado hacia el Poder Judicial, tomando en cuenta, que el producto legislativo que presentaron tiene como finalidad sentar las bases legales en torno a las relaciones de una sociedad moderna.

 

“Las iniciativas que presentó el Poder Judicial, son de avanzada, ya que ofrecen una armonización legal en torno a la nueva manera de relacionarse de las familias”, puntualizó López Escoffié.

 

Agregó que el Poder Judicial, al menos en esta legislatura, siempre está dispuesto a colaborar cuando se requiere de parte de las y los diputados; aporta opiniones, asiste a reuniones oficiales y ofrece un análisis desde un punto de vista jurídico.

 

Por ello, invitó a las demás fuerzas políticas a darle la debida importancia, legislar, y de esa manera garantizar los derechos de la sociedad.

 

REFORMAS PENDIENTES DEL PODER JUDICIAL

 

La iniciativa, que fue presentada al Congreso del Estado, reforma y deroga artículos del Código de Familia relativos a trece puntos.

 

Para dar una dimensión de los cambios propuestos, de acuerdo con información del Poder Judicial, en el primer punto se busca que la obligación de proporcionar alimentos se genera desde el momento de la concepción, lo que implica gastos médicos durante el embarazo, además de que el beneficiario puede solicitarla de manera retroactiva.

 

Con respecto al derecho de alimentos de las parejas de hecho estable, se propone que al igual que en el matrimonio y en el concubinato, las parejas denominadas “de hecho estables” tengan las protecciones legales mínimas que prevé el derecho de familia, entre estas obligaciones alimentarias.

 

Esta modificación estaría incluyendo a este tipo de parejas, las cuales, según criterios de la Corte son aquellas que conviven de forma constante y estable, fundadas en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua.

 

En cuanto a la armonización de las figuras de matrimonio y concubinato, la iniciativa del Poder Judicial propone establecer en el Código una nueva definición de matrimonio como la unión jurídica libre y voluntaria entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, definición que suprime las referencias al hombre y a la mujer y en su lugar considera a las parejas sin distinción de sexo. En el mismo sentido se plantea la modificación a la figura del concubinato.

 

En cuanto al tema de restitución de menores la iniciativa busca ampliar la garantía para que niños, niñas y adolescentes no sean separados de sus padres o de quienes ejerzan la patria potestad y la custodia, para lo cual se obliga el auxilio de las instancias relativas como son la Fiscalía estatal y la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia para su ubicación y traslado y efectiva restitución.

 

Con respecto a la reproducción asistida, se establece que los métodos y técnicas de reproducción asistida integran la planificación familiar, por lo cual forma parte del derecho a la reproducción responsable e informada consagrada en el artículo 4º de la Constitución, según se desprende de un criterio emitido por la Corte en 2018, por lo tanto se propone definir la reproducción asistida y sus métodos y equipararla con el parentesco por consanguinidad y adicionarla entre las formas de filiación.

 

 

Boletín de prensa

LXII Legislatura avala reformas electorales en materia de paridad y liderazgo de las mujeres

 

Al celebrarse el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 16 fracción I inciso C y adiciona un párrafo al artículo 20 de la Constitución Política del Estado, en materia de integración paritaria del Congreso del Estado y fortalecimiento del desarrollo político de las mujeres.

En la sesión extraordinaria, que inició con un minuto de silencio por el deceso de la alcaldesa de Maxcanú, Marlene Catzín Cih, la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC), hizo un llamado para que el Cabildo del mencionado Municipio respete la equidad de género y elija a una mujer como suplente de la primera edil fallecida, para que no suceda como en Kantunil, que fue electo un hombre.

También por unanimidad, en la plenaria fue aprobado reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo.

Además, dos dictámenes para modificar el Código Penal, uno para establecer un catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por personas morales y otro, en materia de delitos contra el medio ambiente.

De la misma manera, las siete fuerzas políticas avalaron reformar la Ley de Cultura Física y Deporte, en materia de inclusión; así como el dictamen para reformar la Ley para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, y la Ley de Salud.

Sobre estos temas, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández (PRI), informó a la Mesa Directiva que, ante el acuerdo que tomaron las diferentes fuerzas políticas que integran el Congreso del Estado, en relación a disminuir el número de intervenciones para ayudar a evitar la propagación de cualquier enfermedad en la sala del Pleno, y para cuidar la salud pública, se enviaron, a través de la Dirección de Comunicación Social a los medios de comunicación, y a través de la Mesa  Directiva a la Secretaría General para que los integren en el acta de la sesión y al Diario de los Debates, los posicionamientos de los diputados, Luis Borja Romero, Karla Franco Blanco y Silvia López Escoffie, a lo que la diputada Katia Bolio Pinelo se sumó solicitando este mismo protocolo para omitir su participación y contribuir a la disminución del tiempo de duración de la sesión.

Referente a las reformas electorales, Karla Franco Blanco (PRI), enfatiza que se está dando un paso histórico en pro de las mujeres, sin importar colores, sin importar ideologías, porque es un acto de justicia y de derechos humanos, por todas las féminas de ayer, de hoy y por las nuevas generaciones.

De las sesiones fuera del Recinto Legislativo, la diputada menciona que se están poniendo las bases para integrar al orden jurídico local a esta nueva modalidad de sesiones, que permite fortalecer el desarrollo de las actividades, mediante canales legislativos óptimos, dotando de fuerza legal a los actos, a través de las tecnologías de información y de la comunicación, principalmente en situaciones como las que actualmente vivimos.

Del mismo tema, Silvia López Escoffié (MC) detalla que, con la aprobación de este dictamen, facilita el uso de las tecnologías de la información y comunicación cuando por causas de fuerza mayor los integrantes de este Congreso no puedan reunirse físicamente; proporciona continuidad a los trabajos, ofrece un registro de la documentación física y digital para facilitar la transparencia, entre otros beneficios.

Con relación a los delitos contra el medio ambiente, el diputado Luis Borjas Romero (PRI), informa que con estas modificaciones cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil, tendrá la posibilidad de documentar y presentar formal denuncia ante la Vice Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y Ambientales, por posibles hechos delictuosos contra el medio ambiente y en particular contra el patrimonio natural de la entidad, como son la flora, la fauna, y por su puesto los árboles urbanos de nuestras localidades.

En materia de cultura física y deporte, la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN), señala que se da un paso importante para los deportistas con discapacidad, para que sean tomados ya en cuenta teniendo esta representatividad, voz y voto a través de estas agrupaciones dentro del Consejo Estatal, para que sus demandas sean tomadas en cuenta y se les pueda brindar alternativas y soluciones con un sentido humano, inclusivo y empático.

Empréstitos

En la sesión, con 11 votos a favor y 13 en contra, no fueron aprobados las solicitudes de empréstito por parte del Ayuntamiento de Mérida, Progreso y Umán, por no contar con el voto favorable de las dos terceras partes del pleno de la LXII Legislatura, como lo establece la Constitución Política de Yucatán para estos temas, por lo que los dictámenes fueron returnados a la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.

De igual forma, se regresó a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, el dictamen con la terna de candidatas a ocupar el cargo de Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), porque ninguna de las aspirantes contó con el voto de las dos terceras partes del total de las diputadas y los diputados, como marca la ley.

En la discusión de las solicitudes de crédito, el diputado Víctor Sánchez Roca (PAN), mencionó que el crédito le permitiría a la presidencia municipal de Mérida hacer frente a la situación económica tan difícil que se presenta por la pandemia del Covid-19, porque “no estamos dando nuestro apoyo a un alcalde, sino a los habitantes de todo un municipio, formado por gente trabajadora que necesita esos ingresos extraordinarios para reactivar su vida económica”.

En contraparte, el legislador Alejandro Cuevas Mena (PRD), indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que no se otorgará a los estados y municipios la garantía del Fondo General de Participaciones, para el pago de préstamos, como pretendía la iniciativa, “porque lo quieren para las elecciones”; además de que el Ayuntamiento de Mérida tiene una deuda de 600 millones de pesos, por el fallo en contra por rescindir el contrato de pago de luminarias.

En su turno, la diputada Milagros Romero, manifestó que, ante esta crisis sanitaria por el Covid-19 y el enorme número de índice de desempleo en salud y servicios públicos, no se le puede cerrar la puerta a los yucatecos hacia una salida a este problema, por lo que este préstamo es en función de la capacidad financiera que tiene dicho ayuntamiento y ahora hay que apoyar al meridano que cumple con sus derechos.

En el mismo sentido, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, mencionó que el aval para un gobierno estatal o municipal debe ser por parte de los ciudadanos, lo que se mostró en la representación en el Cabildo de Mérida que aprobó esta solicitud y “debemos demostrar que somos diputados que representamos a los yucatecos”.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, señaló que el préstamo que se solicita “no es para generar empleos, ni apoyar artistas ni en beneficio de la ciudad, ni mejorar condiciones laborales ni para mayor personal del Ayuntamiento, simplemente porque la ley no se los permite”.

Agregó, que estos empréstitos no resuelven ninguno de esos temas, por lo que manifestó su voto en contra porque «los meridanos que represento, y que tienen muchos años de no ser atendidos debidamente, por cierto, es lo que me han pedido y lo voy a cumplir”.

También en contra, la diputada Leticia Euán Mis (Morena) declaro que se quiere desinformar que no llegan las participaciones federales extraordinarias, pero por el contrario, han sido entregadas en tiempo y forma, ya que respecto al tema de salud, se ha elevado a rango constitucional y se otorga de manera gratuita y de calidad en los estados que se han adherido al INSABI, el IMSS y el ISSSTE han recibido equipamiento médico y es nuestro derecho exigir los servicios de salud.

Nuevo Periodo Extraordinario

Momentos Después, la Diputación Permanente aprobó por unanimidad realizar el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, el próximo martes 14 de julio del presente año a las 11 horas.

La presidenta del cuerpo colegiado, Janice Escobedo Salazar (PRI), informó que después de la celebración de esta plenaria extraordinaria, los trabajos legislativos entrarán en un receso, en acuerdo con los presidentes de las comisiones permanentes que todavía tienen asuntos pendientes, con el fin de salvaguardar la salud de quienes integran el Congreso de Yucatán.

En el próximo periodo extraordinario se discutirán y votarán dos dictámenes por el que se modifica la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, uno en materia de rastreadores satelitales y otro sobre transporte alternativo.

Además, el dictamen por el que se modifican la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán, en materia de violencia política por razón de género y paridad de género. 

También el dictamen por el que se modifican diversas disposiciones del Código de la Administración Pública de Yucatán y del Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de cerrajeros; el dictamen por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de incrementación de penas en los delitos de violación y violación equiparada. 

Así mismo, el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Vial del Estado de Yucatán; el dictamen por el que se expide la Ley de Educación del Estado; el dictamen por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Por último, la propuesta de Acuerdo para solicitarle al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la comparecencia al Congreso del Estado del Secretario de Salud, presentado por los Diputados Integrantes de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional.

Por otro lado, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa de la diputada Kathia Bolio, para reformar el Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado; así como a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la iniciativa para expedir la Ley de Educación del Estado, suscrita por Miguel Candila Noh (Morena).

 

 

Boletín de prensa

Aprueban en comisión modificar contrato del Gran Museo del Mundo Maya

Con seis votos a favor de diputadas y diputados del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, se aprobó por mayoría el dictamen para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, que pretende la terminación anticipada del mismo.

En la sesión, que inició con un minuto de silencio por el fallecimiento de la Alcaldesa del municipio de Maxcanú, Marlene Catzín Cih, la diputada Janice Escobedo Salazar (PRI) y su homólogo, Marco Rodríguez Ruz (PRI), se abstuvieron de votar este punto hasta conocer la información requerida al Ejecutivo estatal, que solicitaron nuevamente antes de la discusión del tema ante el pleno de la LXII Legislatura.

Durante el análisis, se distribuyó el oficio enviado por la Consejería Jurídica estatal con respuestas a las preguntas de legisladores del PRI y PRD, vertidas el miércoles pasado, las cuales también fueron enviadas a los correos electrónicos institucionales de los 25 diputados, según informó el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN).

No obstante, la diputada Janice Escobedo, comentó que, al hacer un análisis de dicho oficio, persisten algunas dudas por resolver, como la duplicidad de funciones del Instituto de Museos y la Secretaría de la Cultura y las Artes para la administración del museo, porque, además, si en un futuro se extingue el mencionado instituto, cuestionó qué pasaría con el personal que labora ahí, pues están regidos por la Ley Federal del Trabajo y no la estatal, como los de Sedeculta.

Así mismo, preguntó si el museo tendrá servicios de mantenimiento, una vez que sea totalmente administrado por el Ejecutivo estatal; en resumen, dijo “no se nos hizo llegar el anteproyecto, que ya debió ser revisado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ni el mecanismo de esquema de pagos”.

En ese sentido, Marco Rodríguez Ruz (PRI) indicó que está a favor del ahorro de recursos públicos, pero en su carácter de diputado, comentó “no dejaré de investigar y analizar, porque hay opacidad en las respuestas y como integrantes del Congreso del Estado estamos obligados a revisar la información y que nos disipen las dudas”, por lo que pidió que se leyera en su totalidad el documento enviado por la Consejería Jurídica.

El presidente de la comisión, Sánchez Roca, accedió a la petición e incluso solicitó a la Secretaría General del Congreso local, que la iniciativa y el oficio con las respuestas sean publicadas en la página de internet de esta soberanía.

Después de la lectura del documento, el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), expresó que “no hay voluntad de transparentar las cosas por parte del ejecutivo y de dar la información a esta legislatura”, y argumentó que en una de las respuestas dice “no te puedo dar el contrato porque no me has autorizado para autorizar un nuevo contrato”.

De la misma manera, el legislador Miguel Candila Noh (Morena), recalcó que lo que se pide es para analizar el tema, porque no están de acuerdo como se ha presentado.

En contraparte, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), señaló que por la terminación anticipada del contrato se pagaría menos que si se mantienen los términos del acuerdo vigente; además, comentó que el Gobierno actual no dejaría en el abandono obras de otras administraciones, como no lo ha hecho, entre otros, con el Centro Internacional de Congresos o el Palacio de la Música, que son patrimonio de los yucatecos, y que están en buenas condiciones. “Cada gobierno tiene la obligación de mantenerlos y cuidarlos, además de que costará menos si el gobierno lo administra”.

El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, argumentó que el anteproyecto para modificar las cláusulas del contrato del museo ya ha sido negociado, porque la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado establece que esa documentación debe ser entregada previamente a la SAF, instancia que deberá entregar dicha información al Poder Legislativo.

Por otro lado, el también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, dijo que está a favor del ahorro en los recursos públicos, pero señaló que “es un tema de transparencia y cumplir la ley, por lo que tienen la obligación de darnos la información”

A favor, la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) recordó que la iniciativa solicita la modificación de la cláusula para la terminación anticipada de un contrato, para establecer pagos fijos, en lugar de tarifas ajustadas a la inflación, que sería un ahorro de mil 479 millones de pesos si se tiene un 4% de inflación.

Para finalizar, el presidente de la comisión sometió a votación el proyecto de dictamen y fue aprobado por mayoría, con la abstención de dos diputados.

 

 

 

Boletín de prensa

Aprueban en Comisión, dictámenes de autorización para empréstitos a Mérida, Progreso y Umán

Con el voto a favor de dos diputados del PAN, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano fueron aprobados por mayoría las solicitudes de empréstito del Ayuntamiento de Mérida, por 400 millones de pesos; de Progreso, por 36 millones de pesos y el de Umán, por 10 millones de pesos; durante la sesión de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal.
 
Durante la discusión del crédito para Mérida, se distribuyó entre los integrantes del cuerpo colegiado un oficio del alcalde Renán Barrera Concha, para modificar el catálogo de obras a realizar, en las que contempla el distribuidor vial entre Prolongación Montejo y Circuito Colonias, construcción de fosas en el Cementerio General y acciones del corredor turístico en la calle 47.
 
Sobre estos temas, la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC), indicó que en estos tiempos donde la economía está devastada, alguien tiene que contratar una deuda, sino es el municipio entonces tendrían que ser los ciudadanos.
 
Por otro lado, se informó que el alcalde de Sucilá, Diego Lugo, envió un oficio a la Comisión para desistir de su iniciativa de solicitud de empréstito, por lo que dicho trámite fue finalizado.
 
En asuntos generales, se distribuyó la iniciativa para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, que había sido pedida por la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN).
 
Justicia
 
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar diversas disposiciones al Código de Administración Pública de Yucatán y al Código Penal, en materia de cerrajeros, así como otra, en materia de incrementación de penas en los delitos de violación y violación equiparada, ambas suscritas por Movimiento Ciudadano.
 
En relación al tema de los cerrajeros, la diputada Milagros Romero, detalló que se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá crear, operar y mantener actualizado el registro único de quienes se dedican a este oficio y la persona que no esté dado de alta o no de aviso a las autoridades cuando se le solicite abrir una casa o un vehículo, se le deberá sancionar con el objetivo de disminuir los robos a casa habitación.
 
El dictamen también establece que cuando una persona aprovechándose de los conocimientos de cerrajería cometa, facilite o a sabiendas permita un ilícito mediante el uso de ganzúas, chorlas, llaves maestras o limadas o cualquier otro instrumento u objeto físico, scanner o cualquier otro dispositivo electrónico, destinado para abrir, bloquear, inhibir o forzar cerraduras o dispositivos de seguridad, se le impondrá una pena de prisión de uno a cinco años y hasta una multa de cincuenta a quinientos días-multa.
 
Referente al otro producto legislativo, se establece que a quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a 20 años y de mil a tres mil días-multa; además, si la víctima queda embarazada y/o en contagio de enfermedad de transmisión sexual, la sanción se aumentará en una mitad.
 
Así como se equipara a la violación y se sancionará con prisión de ocho a 30 años, y de tres mil a cinco mil días-multa, a quien sin violencia y con fines lascivos tenga cópula o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, a una persona menor de 15 años de edad o a persona privada de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. 
 
Así mismo, si además se ejerciere violencia física o moral, y en su caso, resultare en embarazo y/o en contagio de enfermad de transmisión sexual, el mínimo y el máximo de la sanción se aumentarán en una mitad.
 
En asuntos generales se distribuyeron cinco iniciativas: una sobre adiciones al Código Penal y otra para reformar la misma norma, en materia de feminicidio y abuso sexual, ambas de la fracción de MC; otra al mismo Código, en materia de incesto, violencia familiar, delitos sexuales y feminicidio, signada por Fátima Perera Salazar (Morena).
 
Una más para reformar el Código Penal y el CAPY, en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, presentada por el Ejecutivo estatal; por último, la propuesta para expedir la Ley de Amnistía, promovida por Miguel Candila Noh (Morena).

 

 

Boletín de prensa

Aprueban en Comisión legalizar a mototaxis, tricitaxis, motocarros y calesas

En la comisión Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar la Ley de Transporte, en materia de transporte alternativo, propuesto por Movimiento Ciudadano, con el objetivo de legalizar el servicio de calesas, mototaxis, tricitaxis y motocarros.
 
Además, establece que estos medios de transporte, al igual que los ya definidos por la ley, deberán contar con las especificaciones técnicas y de seguridad, así como el número de pasajeros al que prestará el servicio de su origen al destino contratado por el usuario, con un sitio de establecimiento, horarios, zonas y vialidades, autorizados por la autoridad correspondiente.
 
Al respecto, el diputado Víctor Sánchez Roca (PAN), hizo un llamado a los dueños, choferes y usuarios del servicio de mototaxis para que tengan sensibilidad social, porque los cambios son para cuidar al ciudadano.
 
La legisladora Milagros Romero Bastarrachea (MC) indicó que con estos cambios se le dan mecanismos de seguridad y certeza a los ciudadanos que utilizan estos medios de transporte, los cuales podrán ejercer los derechos y obligaciones que les corresponden.
 
El diputado Manuel Díaz Suárez (PAN) señaló que ahora corresponderá al Ejecutivo estatal cuidar el tema de la seguridad y darle certeza a este sector que ha atravesado por muchos conflictos porque no tenía un marco legal que los regule.
 
La legisladora Silvia López Escoffié (MC), mencionó que con este dictamen ganan todos: los dueños y choferes de los mototaxis, así como los usuarios, por contar con un transporte regulado, que también contempla prohibir el tránsito de estos vehículos en avenidas o el Periférico, regular el máximo de velocidad y cuidar el medio ambiente.
 
En su turno, Marcos Rodríguez Ruz (PRI), también hizo un llamado para que los trabajadores y organizaciones de este sector, sean respetuosos de esta ley.
 
De igual forma, en la Comisión fue aprobado por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar la Ley de Transporte, en materia de rastreadores satelitales, promovida por Lila Frías Castillo (PRI), para que los taxis de alquiler y los contratados a través de plataformas tecnológicas, tengan integrado, un dispositivo de rastreo satelital que emita una señal de alerta, mismo que esté plenamente al alcance del pasajero y conductores. 
 
Estos dispositivos estarán enlazados vía satelital con los cuerpos de seguridad, que al efecto determine la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP), las cuales, al recibir alguna señal, deberán acudir al llamado de la misma, notificando a la brevedad cualquier llamado de auxilio recibido, a la Dirección de Transporte.
 
Los diputados del cuerpo colegiado también acordaron posponer la discusión y votación del proyecto de dictamen para expedir la Ley de Seguridad Vial, suscrita por MC, porque esperarán la opinión técnica de la SSP sobre el tema, en un plazo de 24 horas, para que el jueves de esta semana se retome su análisis. Lo anterior, a propuesta del legislador Sánchez Roca, quien pedía una semana de espera para conocer alguna observación de la Corporación policíaca, pero con la adecuación antes señalada de la presidenta de la Comisión, Frías Castillo.
 
Donación.
 
En la comisión de Salud y Seguridad Social, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la Ley Para la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células; la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y la Ley de Salud, que incluye las iniciativas de los diputados Luis Borjas Romero (PRI) y Manuel Díaz.
 
Durante su discusión, a propuesta de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), se modificó el artículo 50 de la Ley de Salud estatal, para determinar que en ningún momento se podrán negar los servicios de salud a un paciente con motivo de no haber donado sangre.
 
El también presidente de la comisión, Díaz Suárez, manifestó que esta reforma establece que los bancos de sangre garanticen todos los derechos, la seguridad y el buen ejercicio de la donación, impulsando una verdadera cultura voluntaria, porque “estamos por debajo de lo que requerimos y porque ha sido motivo que las cirugías se pospongan”.
 
Así mismo, Borjas Romero, señaló que el producto legislativo también busca aumentar las posibilidades en el número de donantes de órganos, en este caso, de los donantes fallecidos, lo que significaría un mayor número de beneficiarios.
 
En el cuerpo colegiado, continuó el estudio de la iniciativa para expedir la Ley de Atención Integral del Cáncer de Mama, suscrita por MC, de la cual, la diputada Díaz Lizama adelantó que presentará observaciones a la misma.
 
Al mismo tiempo, se analizó la propuesta para expedir la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana del Estado y que reforma la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que los miembros del cuerpo colegiado acordaron realizar una reunión vía digital con especialistas en el tema.
 
De la misma manera, se distribuyó la iniciativa que expide la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad, signada por María Moisés Escalante (PRI); así como la propuesta para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, de sus Municipios y de los Órganos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal.

 

 

 

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Convocan a periodo extraordinario en el Congreso de Yucatán

La Diputación Permanente aprobó por unanimidad convocar a los 25 diputados para celebrar el Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, el próximo viernes 12 de junio del presente año a las 11 de la mañana, para tratar y resolver los dictámenes aprobados en comisiones, que se señalan a continuación.
Dictamen por el que se expide la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán; Dictamen por el que se adiciona el Capítulo XV en el Titulo Tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán, en Materia de Servicios de Protección Civil Municipal; Dictamen que modifica la Ley de Ingresos Municipales de Samahil, para el ejercicio fiscal 2020; Dictamen que reforma la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación  en Materia de sanciones a conductas discriminatorias motivadas por condiciones de salud. Estos asuntos fueron desahogados en distintas comisiones de la jornada legislativa de este martes.
En este orden, en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para expedir la Ley de Archivos para el Estado de Yucatán, que abroga la Ley del Sistema Estatal de Archivos de Yucatán, suscrita por el diputado Manuel Díaz Suarez (PAN).
Dicha Ley tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, Ayuntamiento, dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada estatales y municipales, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, organismos auto sindicatos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado y los municipios.
Así como determinar las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos, y fomentar el resguardo, difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica del Estado.
Durante su discusión, fue avalada modificar el artículo 99 del Capítulo VI, del Fondo de Apoyo Económico para Archivos, a propuesta de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, para establecer que el Gobierno del Estado podrá prever, y no la palabra – deberá – como estaba planteado, la creación y administración de un Fondo de Apoyo Económico, cuya finalidad será promover la capacitación, equipamiento y sistematización de los archivos en poder de los sujetos obligados. 
En la comisión especial para el Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, en materia de sanciones a conductas discriminatorias motivadas por condiciones de salud.
El producto legislativo determina que se considera conducta discriminatoria prohibir o negar el libre acceso, permanencia o ascenso al empleo, por razones de estado de salud, entre otras ya especificadas; así como difundir sin consentimiento de la persona, información sobre su condición de salud, al igual que su historial médico.
En la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por mayoría el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Yucatán, en relación al cobro de derechos por los servicios que presta en materia de Protección Civil los Ayuntamientos, por lo que cualquier municipio podrá solicitarlos, aún sin contar con una Ley de Hacienda.
También por mayoría, fue avalada el proyecto de dictamen para modificar la Ley de Ingresos del Municipio de Samahil, Yucatán, para el ejercicio fiscal 2020, sobre el pago de derechos para la apertura y revalidación de licencias para el funcionamiento de los establecimientos y derechos por servicios de Protección Civil Municipal.
Empréstitos
Por otro lado, en la misma comisión, se continuó el análisis de las solicitudes de empréstitos por parte de los Ayuntamientos de Mérida, Motúl, Progreso y Umán, para lo cual, Milagros Romero Bastarrachea (MC), propuso ampliar el estudio de estas iniciativas porque, derivado de las lluvias intensas en fechas anteriores, los municipios deberán revalorar el catálogo de obras a realizar.
Por su parte, Lila Frías Castillo (PRI), mencionó que, en el caso de Progreso, se necesitarán obras para un mejor sistema de drenaje, para repavimentación de calles, para acciones de vivienda en la zona de la Ciénega, así como desarrollo urbano.
En su turno, Díaz Lizama también respaldo que el análisis de las propuestas debería ser con más profundidad, “ya que se requiere mayor sensibilidad para abordarlos”, porque no se tienen las condiciones de saber cómo es el estado de los municipios después del paso de la tormenta tropical “Cristóbal”.
Por su parte el Diputado Marcos Rodríguez Ruz (PRI), señaló que los dictámenes ya podrían ser votados, aunque ninguna de las propuestas se sometió a votación por lo que el análisis de los empréstitos continuará en una sesión posterior.

 

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Aprueban en Comisión prorrogar el inicio del proceso electoral 2020-2021

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por mayoría integrar un artículo transitorio a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que, por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021 inicie la primera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección.
Lo anterior, al ser distribuido y analizado por los diputados el escrito del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado (IEPAC), que sugería esas fechas para el comienzo de dicho proceso, por lo que, después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial del Estado, deberá ajustar los plazos y términos del mismo.
La diputada Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano), se manifestó en contra del dictamen porque su propuesta de modificación a la mencionada legislación, contemplaba la modificación de los artículos 116 y 189, para establecer, de manera permanente, que los procesos electorales inicien en los primeros siete días de noviembre del año previo de la elección, porque actualmente son largos y costosos.
Sin embargo, la propuesta técnica para que sea en un artículo transitorio fue de Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), secundada por los diputados Felipe Cervera Hernández (PRI), Miguel Candila Noh (Morena) y Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), porque el cambio de fecha es que no se tiene certidumbre de que pasará en los próximos meses, debido a la pandemia de Coronavirus, pero después se podría estudiar si se cambian los plazos de manera definitiva.
En el mismo sentido, el diputado Felipe Cervera, indicó que urgía avalar este tema porque también el Congreso estatal se quedaría sin tiempo para legislar en la materia y el IEPAC para aplicar posibles cambios.
En otro punto, el seno de la comisión aprobó por unanimidad reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, en materia de Parlamento Abierto, con las propuestas de la legisladora, Silvia López, para que el glosario de los principios de Parlamento Abierto estén al principio del capítulo y no repetirlos constantemente en la ley; así como para que el Congreso del Estado cuente con 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para implementar estas medidas en cada área de esta Soberanía.
Por otro lado, continuó el análisis de las reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia, suscrita por el PRI, para lo cual, el legislador Miguel Candila, presentó una propuesta al artículo 19 Bis.
Sobre el tema, López Escoffié, indicó que la reforma es irrelevante porque no debe establecerse en la Carta Magna del Estado, sino sólo en las legislaciones secundarias, ya que la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, establece que se deposita en una Asamblea de Representantes donde quiera que estén, como es el caso de las sesiones de manera virtual, vía internet, como propone dicha iniciativa.
En respuesta, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera, aclaró que las autoridades pueden hacer lo que la ley les permita y en la Constitución Política de Yucatán, en su artículo 19, establece que entre las obligaciones del Presidente del Congreso estatal, debe garantizar la inviolabilidad del Recinto donde los diputados deban sesionar, en caso de modificar el lugar, se debe especificar la dirección del predio y el tiempo en que este fungirá como Recinto Legislativo, por lo que no se puede determinar 25 lugares diferentes cuando se quiera realizar una reunión.
En su turno, Alejandro Cuevas Mena (PRD), consideró que se debe clarificar en la Constitución las sesiones virtuales por casos extraordinarios, pero sin modificar mucho la misma normativa; por consiguiente, la presidenta de la Comisión, Karla Franco Blanco (PRI), respondió que la dictaminación del tema será hasta una próxima sesión para aclarar el punto.
Así mismo, en el cuerpo colegiado continuó el análisis de la iniciativa que reforma y adiciona al Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de sesiones en línea, suscrita por Movimiento Ciudadano; la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia, signada por el PRI.
Al igual que la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios, en materia de suicidio, de Kathia Bolio Pinelo (PAN); además de la Iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento, por el que se crea la Contraloría Interna de esta soberanía, presentada por Felipe Cervera Hernández (PRI).
Para esta última, el diputado Miguel Rodríguez presentó una propuesta, en conjunto con su compañera de bancada Díaz Lizama, para modificar el artículo 75 Bis y la fracción 22 del artículo 75 Quater, así como solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso local, un estudio presupuestario sobre la viabilidad financiera de esta propuesta, porque contempla la creación de nuevos puestos laborales.
Por último, también continuó el estudio de la iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado, en materia de educación, signada por el Ejecutivo estatal, para lo cual se pedirá la opinión de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología sobre el tema, como propuso la diputada Díaz Lizama.

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