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Retoman proceso para elección de presidente del Tribunal de los Trabajadores

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En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, en su carácter de presidente, Luis Borjas Romero (PRI), solicitó a la Secretaría General del Congreso estatal pida información al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, sobre la evaluación del desempeño del ciudadano César Andrés Antuña Aguilar, como Magistrado Presidente del último organismo.
Esto, derivado de una solicitud de las diputadas y los diputados Silvia López Escoffié, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), Víctor Merari Sánchez Roca (PAN), Kathia Bolio Pinelo (PAN), y Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza), quienes no regresaron a la sesión después de un receso de 10 minutos, por lo cual el presidente de la comisión suspendió los trabajos por falta de quorum y adelantó que se retomará el tema cuando se tenga la documentación requerida.
En el documento entregado por la legisladora Silvia López, los que suscribieron piden al mencionado Tribunal, la información que se requiere, con carácter de urgencia, para poder fundamentar el dictamen que se emita, ya sea a favor o en contra, de ratificar al ciudadano Antuña Aguilar, para responder al oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 14 circuito judicial, mediante el cual notifica la resolución recaída en el amparo en revisión 103/2020 promovido por el Congreso del Estado en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 1322/2019-I, resuelta por el Juez Tercero de Distrito del Estado y promovido por Antuña Aguilar.
La diputada Rosa Adriana Díaz, explicó que el argumento principal de la petición es que la resolución “prácticamente no nos ordena como legislativo de ratificar o no al magistrado, sino fundamentar bien nuestra resolución”, con base a ello firmaron el documento para que dicha información sea enviada a la comisión y contar con elementos para la discusión, así como integrar los datos al dictamen.
Todo lo anterior surgió cuando se distribuyó al cuerpo colegiado, dos proyectos de dictamen: de ratificación o no, que previamente solicitó el presidente de la comisión, ante las resoluciones antes mencionada.
En su turno, el diputado del PRI, Felipe Cervera Hernández, enfatizó que es importante respetar el proceso del legislativo, ya que en la propuesta de dictamen se fundamenta que el juzgado resuelve que el anterior dictamen (de no ratificación) fue inconstitucional.
Añadió que el proceso de ratificación para magistrado presidente, se divide en dos partes, primero el Tribunal Superior de Justicia del Estado hace una evaluación de desempeño del ciudadano en cuestión, misma que se envió en 2019 al Congreso estatal y fue aprobada por unanimidad por el pleno de dicha instancia, y el segundo paso es el análisis del Poder Legislativo, considerando la valoración del Poder Judicial.
“Ahora argumentan que no tienen información. Se tiene desde hace más de 2 años  el oficio del Tribunal con la copia certificada del documento con valoración de su desempeño, actuación profesional y ética; lo que pasa es que en ese tiempo  no han encontrado razones para no ratificarlo, y vuelven a pedir la misma información, lo que percibo son las intenciones de posponer una decisión y no encuentran como fundamentar una decisión que ya fue considerada inconstitucional”, recalcó.
En el mismo sentido, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, recordó que incluso el Ejecutivo estatal ya reconoció la sentencia y envió al Congreso local el oficio mediante el cual deja insubsistente el oficio DGOB/1320/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, sobre la terna para elegir a un nuevo magistrado.
“Ya no existe ese procedimiento. No entiendo que puedan encontrar que no hayan encontrado en dos años, cuál es la pretensión, ¿alargar para irnos en desacato? La resolución del juzgado es más que suficiente para darle la razón al colegiado y al magistrado (Antuña Aguilar)”, reiteró.
Después del receso decretado para revisar la solicitud de las y los diputados antes mencionados, Cuevas Mena solicitó nuevamente el pase de lista porque tenía información “de que varios diputados se han retirado del edificio sin justificación”.
“Han abandonado la sesión para que no se dictamine, quieren que este Congreso entre en desacato, estoy de acuerdo de respetar la ley, responsabilizo a los diputados de hacer todo lo posible para que no se dictamine”, alegó.
Así mismo, el diputado Enrique Castillo Ruz, declaró que se quiere cambiar el sentido de las cosas para darle un sentido político a la parte legal, pero lo importante es que hay un mandato de un Tribunal, el cual el Poder Legislativo está obligado a acatar, “es prioritario tomar en cuenta la fundamentación jurídica y no se está cumpliendo con las obligaciones”.
Por último, el legislador Felipe Cervera resaltó importante considerar quienes sí permanecieron  en la comisión.
“Si esta actitud va ser la que va conducir el actuar de mis compañeros y compañeras, vamos a estar ante una violación, no todos somos iguales, hay quienes queremos cumplir con nuestro trabajo”, enfatizó.

Arte y Cultura
En la comisión de Arte y Cultura, sus integrantes aprobaron por mayoría el dictamen para expedir la Ley de Derechos Culturales para el Estado y los Municipios, con el voto en contra de dos diputados de Morena, Miguel Candila Noh y Luis Loeza Pacheco.
El legislador Candila Noh, manifestó que no estaba de acuerdo con la fracción IX del artículo 13 que plantea beneficios fiscales a quienes son dueños de edificios históricos, culturales, de áreas protegidas o que hayan sido declarados Patrimonio Cultural, “porque es un beneficio particular, no general”.
Su compañero de bancada, Loeza Pacheco, también argumentó que tampoco se especifica que cantidad de beneficio fiscal se otorgaría o en que se usaría de manera general, “son espacios donde puedan caber dudas económicas”.
En respuesta, la presidenta de la comisión y promovente de la iniciativa, Paulina Viana Gómez (PAN), expresó que lo que se busca es favorecer al gremio artístico y cultural, permitiendo que las empresas del estado puedan tener acceso a estímulos fiscales y se traduzca a beneficios para los yucatecos.

 

 

 

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